Por Samuel Fernández Illanes

21 de marzo de 2016

El Presidente de Colombia ha declarado que no acudirá a ninguna audiencia más ante la Corte Internacional de Justicia. Su reacción es concordante con la progresiva molestia ante los resultados de sentencias del Tribunal. El 2012 perdió ante Nicaragua en la delimitación marítima alrededor de 75 mil kilómetros cuadrados del mar frente a ellos, que antes controlaba, conservando algunas islas con reducida proyección marítima; más dos islotes en medio de una Zona Económica Exclusiva ahora nicaragüense, los que sólo quedaron con 12 millas circundantes. Colombia declaró que dicho fallo no le era aplicable, “hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos”, el que “deberá ser aprobado de conformidad a lo señalado en nuestra Constitución”. Nicaragua acusó a Colombia de no ajustarse al fallo, incumplirlo y recibir amenazas, por lo que volvió a demandar a Colombia ante la Corte que aceptó el pleito el 2013; el cual, además, contiene la petición de Nicaragua de que la Corte determine la “plataforma continental extendida” que le correspondería por la ejecución de la sentencia que los benefició. Colombia interpuso excepción preliminar de incompetencia en este nuevo caso, que la Corte en fallo reciente, rechazó por 8 Jueces a favor y 8 en contra, dirimiendo por la competencia, su Presidente. De ahí la decisión de no volver a comparecer ante la Corte. Entre tanto, Colombia se retiró del Pacto de Bogotá en noviembre de 2012, justamente adoptado en su capital en 1948, el que invocó Nicaragua para sus demandas.

 Como los retiros del Pacto sólo surten efecto un año después de notificados, la Corte estimó que seguía siendo competente, pues “no tienen efecto retroactivo ni afecta la Jurisdicción de la Corte”, al entablarse los tres casos antes de dicho plazo. Una vez más la Corte a priorizado ser competente, ya que considera que por sobre el Pacto, esté vigente o no, se aplica su Estatuto y su Reglamento, que le otorgan jurisdicción para “cualquier cuestión de derecho internacional”, (Artículo 36, letra b. del Estatuto). Todo lo anterior desde el punto de vista del derecho vigente y los instrumentos internacionales aplicables. Hay que precisar que el retiro de la Corte como tal, no está contemplado, pues constituye el “órgano judicial principal de las Naciones Unidas” según la Carta, (Artículo 92). Y dicha Carta no contiene ninguna disposición de retiro de la Organización Internacional. Todo país ingresa libremente a la ONU y automáticamente, reconoce a la Corte como uno de sus órganos, como lo son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, u otros. Entonces no cabe ser Estado Miembro y no ser Parte del Estatuto de la Corte. Y la pertenencia es permanente. Eso sí, ello no implica que se reconozca igualmente la jurisdicción de la Corte para todos los casos que se le presenten. Sólo para aquellos que los países la otorguen, en tratados generales frente a cualquier controversia (como el Pacto de Bogotá), o sólo para diferendos específicos, caso a caso.

La decisión de Colombia, aunque no se haya explicitado claramente, sólo tendría como consecuencia el que no proseguirá su defensa ante el tribunal en el Juicio de fondo para el cual la Corte falló declarándose competente. En ningún caso podría contemplar el desconocimiento de la Corte al que está obligado por la Carta y por el Estatuto. Su no comparecencia futura, implica un riesgo serio. En efecto, el Artículo 53 del Estatuto, señala: “Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.” Nicaragua volvería a ganar el juicio en curso por abandono. Si Colombia cae en desacato, incumpliendo los sucesivos fallos de la Corte, violaría la juridicidad internacional y el derecho internacional, cayendo en la ilegalidad. El caso se transforma a futuro, en un asunto político, para el que goza de plena soberanía para adoptar lo que estime del caso, si bien sus consecuencias podrían ser de mayor alcance. Ningún país, por poderoso que sea, está por sobre el derecho. La comunidad internacional y la propia Naciones Unidas, lo tendrían en consideración y posiblemente Nicaragua podría exigir sanciones u otras medidas coercitivas para obligar a Colombia a cumplir lo que obtuvo de la Corte, inclusive ante el Consejo de Seguridad que ciertamente presionaría por la solución pacífica de la controversia. Una responsabilidad seria para Colombia en momentos en que recompone su situación internacional, y el Gobierno se juega gran parte de su éxito en las negociaciones con las FARC, control del extremismo político, y la lucha al narcotráfico. La decisión adoptada, si bien refleja una molestia legítima por los fallos de la Corte, consecutivamente adversos y hasta discutibles jurídicamente, parece más inspirada en atraer apoyos internos apelando a la nacionalidad e independencia del país que se considera afectado. Por ello la disposición a dialogar con Nicaragua, directamente, y la referencia a la Constitución. Cuesta imaginar a Nicaragua negociando cuando cuenta con sentencias de la Corte a su favor. Tampoco la primacía de la Constitución es un argumento legal aceptado en el actual desarrollo del derecho internacional. Sería muy fácil subordinarlo a normas propias. Todo indica que debiera ser una situación provisoria y no definitiva de un ya largo conflicto, la que ojalá encuentre su necesario cause legal y de convivencia entre ambos países que la requieren.

                                                                        Jorge Schaerer Contreras

             Desde que en los años de 1970 viví en Suiza, he venido siguiendo la política francesa. Como consecuencia de ello me atrevo a formular algunas conclusiones, cuya validez sólo el tiempo permitirá verificar.  

La alta adhesión obtenida por los candidatos del Frente Nacional, el 45,46 % de los votos, indica que en la próxima elección presidencial Marianne Le Pen ya tiene asegurado el paso a la segunda vuelta.

También ha puesto una vez más en evidencia que socialistas y republicanos no tienen una propuesta que hacer al electorado, ni se orientan por principios, sino sólo por conveniencias electorales de corto plazo. Algunos lo consideran pragmatismo, pero el pueblo francés está pagando por ello un costo cada vez mayor en términos de deterioro social y económico.

 Finalmente, ha confirmado el debilitamiento de la figura de Sarkozy, y el robustecimiento de la de Alain Juppé. Este ha salido de la elección perfilado como futuro candidato frente a Hollande, que seguramente buscará la reelección esperando salir segundo, y que se reedite la alianza contra natura entre socialistas y republicanos. En ese caso, que algunos derechistas se nieguen a votar por un socialista en la segunda vuelta, puede asegurar el triunfo de Le Pen.

Por

Alberto Sepúlveda Almarza

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología

Tal como era previsible el chavismo fue derrotado estrepitosamente en las elecciones parlamentarias recientes en Venezuela. Continúa la tendencia que se abrió con el triunfo de Macri en Argentina.

Hay una época que se acaba, la era de la plata fácil derivada de los altos precios de las materias primas. Ella permitió el auge del populismo que consistía en la primacía del reparto por sobre la generación de riqueza y un gran beneficio para los sectores pobres que, agradecidos, votaban por el gobierno, sea en Brasil, Argentina o Venezuela.

Ahora se vuelve a la normalidad económica y ello implica que solamente prosperan los que son capaces de crear empresas y productos competitivos, que pueden proyectarse en el mercado mundial.

Y, obviamente, implica el fin de las políticas de confrontación con el capitalismo y con Estados Unidos. Ya no estamos en los ideologizados años de la década del 1970. La Revolución simplemente no cuajó. No había ni hay condiciones para un cambio radical en las estructuras de poder en América Latina. Los sueños terminaron y, en muchos casos, culminaron en tragedias.

El panorama en Venezuela es bastante complicado.

En el corto plazo hay que controlar la inflación , el déficit fiscal y el aumento de las deudas. Y ello supone una reducción del gasto y con ello una disminución del nivel de vida de la población, menos consumo y aumento del desempleo. Todo afecta a la clase media emergente y retornan las tasas de empobrecimiento. Al menos mientras se ordenen las cuentas.

Obviamente esto puede repercutir en la situación electoral y los derrotados de hoy pueden clamar que fueron los defensores del pueblo y que los que llegan están en contra de la distribución de la riqueza . Se puede originar, entonces , inestabilidad política y falta de una estrategia clara de superación de la crisis. Ha sido , por lo demás , la historia de muchos países de América Latina y el vaivén de dictaduras y democracias que no logran generar un crecimiento estable.

Y basta ver lo que ha ocurrido en Grecia o Italia para comprender casi permanente crisis derivada de la angustia económica. Y ahora se suma Francia con el auge de la extrema derecha.

El problema de Venezuela es aún más grave.

Desde hace más de medio siglo vive del petróleo y se ha desestimado el esfuerzo en crear una estructura productiva competitiva. La pugna política es por el reparto de los fondos fiscales y no por distintos programas de desarrollo. Gran parte de los alimento se importan, incluso los huevos. Ahora hay que generar un sistema eficiente y capaz de competir en un mundo globalizado. Ello supone una radical cambio cultural en la tierra de Bolívar.

Lo que está claro es que vienen otros tiempos en América Latina y una revaluación de los valores y estilos del capitalismo globalizado.

Los años de la plata dulce terminaron y con ello la creencia que basta con plantear propuestas morales para alcanzar la justicia y la prosperidad.

El mundo es taimado. Más que condenarlo hay que tratar de entenderlo. Y esta h sido la falla de gran parte de las elites que hablan castellano o portugués. Son buenas para el discurso pero malas para la gestión.